El parlamentario de Ezker Anitza-IU y portavoz adjunto de Elkarrekin Podemos señala que España «continúa siendo el segundo país del mundo en número de personas desaparecidas a consecuencia de violencia política cuyos restos no han sido exhumados ni identificados». Además, enfatiza que la permisividad de la democracia española con su pasado más reciente y con los negacionistas y revisionistas de los crímenes de la dictadura es inaceptable desde una perspectiva de los derechos humanos.

Por ello, Elkarrekin Podemos propondrá en el Pleno del Parlamento que el Gobierno Vasco y Gogora, Instituto Vasco de la memoria y la convivencia, soliciten y colaboren con el Gobierno de España en la exhumación de los restos mortales de las y los ciudadanos vascos que se encuentran en el Valle de Cuelgamuros –actualmente denominado de los Caídos– cuya devolución y traslado a Euskadi sean solicitados por sus respectivos familiares. De este modo, se planteará solicitar al Gobierno de España que cumpla con el informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015, aprobado el 11 de diciembre de 2016 por el pleno del Parlamento Europeo que, entre otras cuestiones, en el punto 63 insta a todos los Estados miembros a «colaborar con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios».

Asimismo, Elkarrekin Podemos considera apremiante recuperar el Valle de Cuelgamuros para la gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y el control final del Ministerio de Justicia, dejando sin efecto el Convenio establecido a través del Decreto Ley de 23 de Agosto de 1957 de la dictadura franquista, así como desacralizar completamente el espacio monumental yeliminar toda expresión y connotación franquista o religiosa.

Esta petición ha sido realizada después de que el pasado 24 de agosto el Gobierno de España aprobó el Decreto Ley 10/2018 por el cual se adoptan las medidas para exhumar y retirar los restos mortales del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y dando así cumplimiento a la Proposición No de Ley de 11 de mayo de 2017 aprobada con un solo voto en contra por el Congreso de los Diputados y a distintas recomendaciones emitidas por organismos de Naciones Unidas en los últimos años.

Hernández ha recalcado finalmente que “este Decreto ley aprobado por el PSOE tiene 40 años de retraso, siendo unánime entre las personas demócratas del mundo que los restos o la memoria de un dictador fascista responsable de innumerables crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser honrados en ningún sistema democrático”.