Una vez más una tragedia en la frontera sur europea conmueve las conciencias de la opinión pública y pone entredicho  la política migratoria de la UE. No es un hecho aislado. Desde el estrecho de Gibraltar hasta las costas griegas se vienen sucediendo este tipo de hechos. Lo habitual es que pasen desapercibidos, salvo que, como ha ocurrido ahora, la magnitud en la pérdida de vidas humanas llame la atención mundial.

El Área de Migraciones de Izquierda Unida denuncia que estas tragedias no se producen por casualidad, al contrario, son el resultado de unas políticas migratorias diseñadas desde la UE que han convertido nuestras fronteras en una fortaleza insensible a los derechos humanos y el acceso a la protección internacional que debiera suponer su adhesión al Convenio de Ginebra de 1951 sobre las personas refugiadas.

La UE dedica millones de Euros a FRONTEX, un mecanismo de control fronterizo 
totalmente ineficaz para el blindaje de Europa, a pesar de sus recursos tecnológicos. Ineficaz por la insensibilidad de las autoridades de la UE y los Estados miembro que pone en peligro continuamente vidas humanas. Una vergüenza de una UE que dice situar los derechos humanos en el centro de su actuación, y que sin embargo, se vulneran sistemáticamente.

Hablan de mafias, pero el origen de los desplazamientos de población está en los conflictos y regímenes represivos. Muchas veces amparados estos últimos por la UE con
sus políticas de vecindad, siempre que se conviertan en eficaces gendarmes para los migrantes y refugiados.

Hablan de asaltos violentos, pero la causa por la miles de jóvenes se ven abocados a abandonar sus países radica en un modelo económico  injusto y que condena a la mayoría del planeta al empobrecimiento. Modelo impulsado por los acuerdos comerciales de la UE que priman los intereses económicos de las empresas
multinacionales.

En nuestro país, ya no sólo les basta con una ley de extranjería represiva y la vulneración de algunos derechos básicos; sino que también se pretende la reforma del código penal para sancionar y castigar a aquellas personas  y colectivos que presten su solidaridad a personas en situación irregular.

Los movimientos sociales y la izquierda en la UE deben reaccionar ante esta deriva atentatoria contra los derechos humanos más básicos, cruel e inhumana. Las próximas elecciones europeas son una  gran oportunidad para defender un cambio de raíz de las políticas migratorias de la UE y exigir responsabilidades a quienes desde la mal altas instituciones comunitarias y los Estados miembro las han diseñado e impulsado. Por ello, IU aboga por una Europa de derechos y libertades que respete en el sentido más amplio a los ciudadanos y ciudadanas que residen en ella.