Ezker Anitza-IU ha criticado que el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, haya intentado quitar importancia a la devolución de 9,6 millones de euros del Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFFIM) por parte de los ayuntamientos del territorio, alegando que en 2017 van a recibir “el mayor fondo de la historia”.

La coordinadora de la formación en Gipuzkoa, Arantza González, ha recordado que los ayuntamientos financian más de un 40% de sus gastos corrientes con ese Fondo, por lo que “su devolución supone un problema para todos ellos”.

Además, González señala que “será mayor que la prevista en octubre, cuando la Diputación ya advirtió de que no se cumpliría con la previsión de ingresos”. Esa advertencia ha supuesto que los ayuntamientos del territorio hayan tenido que reservar en sus presupuestos de 2017, partidas para hacer frente a la devolución del Fondo Foral, lo que ha restado recursos para otras necesidades, asegura la Coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa.

Según González, “de poco sirve que el Diputado General diga que en 2017 los ayuntamientos recibirán el mayor fondo de la historia, si después se van a ver obligados a devolver parte del mismo”. En relación con el debate fiscal abierto hace unos días por el Consejero de Hacienda, en concreto sobre la subida del impuesto de sociedades que pagan las empresas con beneficios, González ha manifestado que “en Euskadi hay mucho dinero, pero no se recauda”.

En este sentido ha recordado la reforma fiscal aprobada por PNV, PSE y PP en 2006, que ha supuesto que Gipuzkoa deje de ingresar todos los años unos 300 millones de euros. Asimismo, las haciendas vascas dejan de recaudar unos 6.000 millones de euros anuales en Euskadi por las deducciones, reducciones, bonificaciones y exenciones de los distintos impuestos.

“Todo ello da una idea del dinero que podrían tener las administraciones vascas para hacer frente a las necesidades sociales cada vez mayores”, añade González. Por todo ello, la Coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa ha insistido en la “urgencia” de llevar a cabo reformas fiscales “que tengan como objetivo el reparto de la riqueza, y no su acumulación, primero por la vía de una recaudación fiscal justa, y luego por la vía de la inversión pública en aquellos ámbitos imprescindibles para la vida de las personas: educación, sanidad, pensiones y servicios sociales”.