La coordinadora territorial de Gipuzkoa de Ezker Anitza-IU, Arantza González, ha considerado que “el acuerdo presupuestario entre Bildu y PSE responde a la debilidad del primero al no tener mayoría suficiente en las Juntas Generales del Territorio, y a un aviso a navegantes al PNV por parte del PSE de cara a los presupuestos autonómicos de 2013, y no a las necesidades reales de Gipuzkoa”.

González ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa que la formación de izquierdas ha dado esta mañana en su sede en Donostia. La coordinadora territorial de Ezker Anitza-IU cree que “a la vista de las enmiendas pactadas entre Bildu y PSE, dudamos de que se haya hecho una reflexión profunda sobre qué se estaba pactando”.

En este sentido, González ha señalado que “no entendemos que se hayan suprimido 2.000.000 de euros para todos los ayuntamientos de Gipuzkoa, para poder financiar partidas destinadas exclusivamente a aquellos municipios en los que gobierna el PSE, algo que se aleja por completo del equilibrio territorial, que no es otra cosa que procurar que todos los municipios de Gipuzkoa tengan la misma calidad de vida, por lo que en primer lugar hay que ver qué necesidades tiene cada uno de ellos y cuáles son las prioritarias”.

Asimismo, “no se sostiene que haya que destinar 100.000 euros para “atender las necesidades de Ficoba” cuando esta infraestructura no es capaz de autofinanciarse y requiere de grandes cantidades de dinero público todos los años para poder seguir funcionando”. En relación con los 17 millones de euros destinados a financiar la incineradora aprobados entre PNV, PSE y PP, González ha considerado que “Bildu debe explicar claramente a la ciudadanía de Gipuzkoa qué va a hacer para no destinarlos a la incineradora, ya que PNV, PSE y PP mantienen que tendrán que ir a parar a la citada planta, y Bildu dice que no es así”.

Finalmente, sobre el resto del presupuesto de Gipuzkoa para 2013 Ezker Anitza-IU considera que “tiene luces y sombras, ya que si bien hace un esfuerzo por mantener las políticas sociales, sigue los dictados de Bruselas respecto a la obsesión con el cumplimiento del déficit y no plantea una alternativa clara a la política de grandes infraestructuras de los gobiernos forales anteriores”.