Cientos de personas salieron ayer a las calles del centro de Bilbo para mostrar su oposición al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Una «ley mordaza», aprobada en noviembre por el Gobierno de Mariano Rajoy, que, en opinión de los colectivos convocantes, «restringe libertades de la ciudadanía y criminaliza la protesta».

«Tratan de legitimar la represión recortando los derechos fundamentales de manifestación, reunión, opinión, información y huelga, lo que supone un estado de excepción permanente», denunciaron en un comunicado los impulsores de la marcha, entre los que figuran M15M Bizkaia, Sortu, Aralar, Kaleratzerik ez, Amnistía Internacional, Antikapitalistak, Berri Otxoak, Bilgune Feminista, Desazkundea, Ekologistak Martxan, Ezker Anitza-IU, ESK,  Greenpeace, Hika Ateneo, Kakitzat, SOS Racismo Bizkaia…

Según explicaron, con esta reforma, Madrid «quiere ampliar la relación de delitos a los repertorios de lucha utilizados por los movimientos sociales en los últimos años: la paralización de desahucios, la ocupación de sucursales bancarias, las sentadas, la difusión de convocatorias por redes sociales, las solidaridad con las personas inmigrantes…» Una larga lista de acciones que, de aprobarse la polémica ley, podrán ser consideradas como un atentado contra la autoridad.

Esto ha despertado el malestar de las organizaciones sociales, políticas y sindicales vascas, que, más que un «endurecimiento», observan un «cambio cualitativo» en el texto presentado por el Ejecutivo español. «La mera palabra del policía será suficiente como prueba de cargo, será juez y parte», criticaron como detalle.

«Y si se quiere recurrir la sanción a posteriori en un juzgado, habrá que pagar las nuevas tarifas de la Ley de Tasas Judiciales aprobada hace un año. Se obstaculiza de esta forma la apelación a la justicia, por lo que estaremos en una situación muy cercana a la indefensión y a la arbitrariedad», señalaron.

(Crónica de Gara)

(Fotografía de Casimiro Castaño)