Solo el bloque de partidos de derechas se ha desmarcado del decálogo de medidas contra los desahucios. La iniciativa, promovida por las plataformas vascas de Stop Desahucios, fue remitida a todos los partidos y coaliciones electorales el pasado mes de febrero. EH Bildu, PSE, Ezker Anitza, Podemos, Equo y las plataformas Ganemos-Irabazi de varios municipios han trasladado su apoyo. Mientras, PNV, PP y UPyD no han suscrito el decálogo, según han anunciado las plataformas de Stop Desahucios.

En la línea de exigir la aplicación de estas medidas y reclamar una segunda oportunidad real a los deudores de buena fe y sus avalistas, el siguiente paso será una gran movilización ciudadana el viernes 27 de marzo frente a la sede central de Kutxabank, en Bilbao. “Elegimos la sede de Kutxabank”, apunta Stop Desahucios, “porque es la primera entidad en concesión de hipotecas, la que más desahucios ha promovido y la que mayoritariamente aplica el índice IRPH”. Además, es la que “menos segundas oportunidades brinda a sus clientes empobrecidos, como la dación en pago con alquiler social, pese a ser una entidad surgida con fines sociales y pese a que sus órganos de gobierno son controlados por PNV, PSE, PP y CCOO”.

“Los deudores empobrecidos, sus avalistas y familiares”, añade la plataforma, “vienen sufriendo las fases de esta crisis o estafa financiera, que viene originando desempleo, quiebra de negocios, pobreza y que culmina con la amenaza de perder también la vivienda. Por eso se producen sucesos trágicos como el de nuestra compañera Miren y su familia, y por eso mismo exigimos a bancos y gobiernos esa segunda oportunidad”.

El decálogo demanda, entre otras medidas, una ley de vivienda “útil y práctica para la comunidad autónoma”. Esa ley debe reconocer y aplicar el derecho subjetivo al uso de una vivienda digna, exigible ante la Administración y la Justicia. La norma tiene que recoger un sistema de sanciones y expropiaciones de uso para las viviendas vacías propiedad de entidades financieras y sociedades dependientes de las mismas, inmobiliarias o fondos de inversión. El objetivo es incorporarlas a un parque público de viviendas de alquiler social.

(ELDIARIO.ES)