Han pasado algo más de cinco años desde que ETA anunciara "el cese definitivo de su actividad armada" abriéndose un período esperanzador para asentar una convivencia democrática y pacífica en las sociedades vasca y navarra. Este tiempo ha estado marcado por avances en el reconocimiento -aunque aún incompleto- de todas las víctimas, en la construcción de una memoria inclusiva de todos los sufrimientos, en el esclarecimiento del pasado o en la reconstrucción del tejido social.

No obstante, también se están dando algunos bloqueos como el de la situación de las personas presas o el del desarme y disolución de ETA. En este último ámbito, el pasado fin de semana se produjo una operación policial en Francia que supuso la detención de cinco personas -sin relación alguna con la violencia- que estaban tratando de destruir parte del armamento de ETA. A pesar de que las cinco personas detenidas el pasado fin de semana han sido puestas en libertad, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por que se les pueda aplicar legislación antiterrorista de excepción.

La operación estuvo acompañada de una gran acción propagandística del gobierno central. Mostrando precisamente cómo no se debería estar abordando un desarme que es necesario e inaplazable porque es clave para seguir asentando la paz y la convivencia. Creemos que la sociedad vasca en este momento ya no acepta que este desarme se someta a las citadas acciones de propaganda, pero tampoco a escenificaciones propias de tiempos afortunadamente superados. No puede convertirse en una muestra pública de aquello que tanto ha costado desechar: las armas y lo que significan de imposición violenta y generadoras de víctimas. Es nuevamente la propia operación de este fin de semana la que revela que ETA tiene intención de llevar a cabo ese desarme.

Es su responsabilidad, pues fue ella quien se hizo con las armas. Pero, por eso mismo, hoy es necesario afirmar con rotundidad que el gobierno central sí tiene el deber político y moral de facilitar este proceso. Y que además esa labor puede y debe hacerse en un marco de colaboración recíproca con los gobiernos vasco y navarro. El rigor, la responsabilidad y la altura de miras deben imponerse en este ámbito.

La acción de la sociedad civil organizada fue y sigue siendo un activo indispensable para hacer frente a la violencia y para alumbrar esta paz. Consideramos que el papel de las organizaciones sociales no es suplir la inacción de los agentes señalados, sino generar el clima social que precisamente haga que el desarme se lleve a cabo ya y que se haga de una forma eficaz, segura y con garantías. En este sentido, manifestamos nuestra predisposición a trabajar por un acuerdo lo más amplio y transversal posible, reflejo del amplio consenso que creemos que existe en nuestra sociedad en este ámbito, que sume a las fuerzas políticas, sindicales y sociales comprometidas con estos procesos.

Organizaciones firmantes del comunicado conjunto: Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Equo Euskadi, Podemos Navarra, IU Navarra, Batzarre